- El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson afirma que las recientes medidas de la OFAC buscan desmantelar las estructuras financieras y operativas de Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco”; ofrecen recompensas millonarias por integrantes de la Mayiza e incluye a más de 40 objetivos
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que el gobierno de Donald Trump mantiene una estrategia orientada a desarticular toda la red de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, mediante la aplicación de sanciones económicas que impactan a traficantes, empresas fachada y actores políticos.
A través de un mensaje difundido en la red social X, el diplomático se refirió a las acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la cual emitió sanciones directas contra 21 individuos y 25 entidades mercantiles vinculadas con las operaciones del Cártel de Sinaloa.
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EU va por “Mayito Flaco”
De acuerdo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el objetivo principal del gobierno estadounidense consiste en afectar los recursos financieros de estas organizaciones delictivas para frenar sus operaciones.
“Vamos contra toda la red. No solo contra los líderes, sino también contra los traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos: todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo”, afirmó Johnson en su pronunciamiento.
El representante de Washington señaló que la suma de casi 50 objetivos en esta ronda de castigos económicos demuestra el alcance real de la estrategia de Estados Unidos contra la estructura criminal. “Los estamos golpeando donde más les duele: su dinero”, apuntó el embajador sobre el impacto de estas restricciones.

Recompensas y exfuncionarios señalados
Durante su declaración pública, el embajador recordó que el gobierno de su país mantiene vigentes diversas recompensas de hasta 5 millones de dólares para quienes brinden información veraz.
Estos recursos económicos buscan facilitar la captura o la condena de otros operadores clave de la organización delictiva.
Entre los objetivos prioritarios mencionó a Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”; René Arzate García, alias “La Rana”, y Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, este último brazo armado de la Mayiza con presencia en Mexicali.
El diplomático advirtió que quienes dirigen estas redes de tráfico o facilitan sus operaciones diarias carecen de lugares seguros para esconderse de las autoridades internacionales.
Los documentos oficiales de la acusación estadounidense integran los nombres de exservidores públicos mexicanos que presuntamente colaboraron con la estructura delictiva a nivel local.
La lista de la OFAC incluye a Carlos Torres Torres, exdiputado y exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.
También figuran Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal y exasesor legislativo del gobierno bajacaliforniano, y Pedro Ariel Mendívil García, quien ocupó la titularidad de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Mexicali.

Antecedentes de la investigación
Las recientes sanciones de la OFAC representan una continuación de las medidas de presión que el gobierno de Estados Unidos anunció previamente contra diversas autoridades estatales mexicanas.
A finales del mes de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El gobierno estadounidense señala al político por presuntamente proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio del cobro de sobornos.
En ese mismo expediente judicial, las autoridades del país vecino incluyeron a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado del occidente de México.

La acusación de la justicia estadounidense involucra de manera directa al entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al senador Enrique Inzunza Cázarez; al vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, y a diversos exmandos de las corporaciones de seguridad de Sinaloa.

