El linchamiento de dos presuntos extorsionadores en el mercado de San Bartolo no es un estallido espontáneo, es el síntoma terminal de una metástasis que lleva décadas ignorándose en el Estado de México. Mientras la gobernadora Delfina Gómez convoca de urgencia a mesas de seguridad en Toluca para intentar imponer el orden que se perdió hace sexenios, se topa en el terreno con una realidad operativa frustrante: una policía municipal en Naucalpan que llega tarde, mal y sin protocolos, y una estructura criminal enquistada que no se borra por decreto. La crisis de hoy no es culpa de la estrategia actual, es la factura vencida de la impunidad de ayer.
El horror vivido por los comerciantes, quienes declararon un “toque de queda ciudadano”, expone el vacío de autoridad local. Cuando la policía municipal deja el espacio libre —ya sea por miedo, inoperancia o colusión—, la barbarie lo llena. La administración estatal se enfrenta al reto titánico de pacificar un corredor industrial donde los uniformados locales han decidido no entrar, dejando a la Gobernadora la tarea de desactivar las bombas sembradas por administraciones pasadas en un campo minado de corrupción.
Para complicar más el escenario, la reacción de la Fiscalía estatal —órgano autónomo— de anunciar una cacería judicial contra los comerciantes parece más un acto de provocación que de justicia. Lejos de ayudar, esta postura entorpece los puentes de diálogo que el Ejecutivo estatal intenta construir para evitar un estallido social mayor. Mientras desde el gobierno central se busca atender las causas y limpiar las corporaciones, los viejos vicios del sistema de procuración de justicia parecen jugar a la contra, criminalizando a las víctimas de la extorsión en lugar de perseguir a las redes que la operan.
Naucalpan arde porque el tejido social se rompió hace mucho tiempo. Lo que vemos hoy es la dolorosa transición entre un régimen que permitió la cohabitación con el crimen y un nuevo gobierno que, mesa tras mesa, intenta recuperar el control de territorios donde la autoridad local simplemente dimitió de su responsabilidad.