Arturo Mendoza, abogado del Colectivo Hermanos Serdán y una de las voces contra el Cablebús de Puebla, fue denunciado por su expareja, Nadia Hernández, una estudiante de la BUAP de 22 años que atraviesa un tratamiento contra el cáncer. Ella lo acusa de violencia física, emocional y económica. Meses antes, ambos habían aparecido juntos públicamente para exigir atención para pacientes oncológicos.
De acompañar públicamente la defensa de pacientes con cáncer a ser denunciado por una de ellas, quien además era su pareja. Arturo Mendoza, abogado de 39 años y fundador del Colectivo Hermanos Serdán, fue señalado por Nadia Hernández por presuntamente haberla agredido físicamente el pasado 22 de agosto en Puebla. La joven asegura que también vivió violencia emocional y económica durante la relación y que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Hernández tiene 22 años, estudia Contaduría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y actualmente recibe tratamiento contra el cáncer. De acuerdo con su testimonio público, la agresión ocurrió después de que encontró a Mendoza con otra mujer. La joven relata que el abogado reaccionó violentamente para obligarla a abandonar el domicilio: asegura que la tomó del cuello y la sometió contra el piso y una pared, pese a conocer su estado de salud.
Nadia sostiene que fue la primera ocasión en que la violencia llegó a una agresión física, pero no el comienzo de los maltratos. Según su relato, durante la relación hubo violencia emocional y económica que se intensificó mientras atravesaba el tratamiento contra el cáncer. Afirma que dependía económicamente de Mendoza y que él utilizaba esa desigualdad para humillarla: le recordaba su posición como abogado y la llamaba “una simple estudiante”. También asegura que le echaba en cara haber podido sobrellevar su tratamiento gracias a él.
Fuera de casa, un defensor de derechos
La historia adquiere otra dimensión por el perfil público que Mendoza ha construido en Puebla. Como integrante del Colectivo Hermanos Serdán, ha promovido acciones legales y participado públicamente en reclamos relacionados con transparencia, participación ciudadana y medio ambiente. Durante 2026 se convirtió además en una de las voces críticas del proyecto del Cablebús impulsado por el gobierno estatal.
En junio, por ejemplo, Mendoza explicó públicamente la ampliación de un amparo promovido por el colectivo para exigir transparencia y participación ciudadana alrededor de la construcción del Cablebús. También denunció mensajes que consideró intimidatorios después de impulsar acciones legales contra el proyecto.
Pero hay un antecedente todavía más cercano a Nadia.
En febrero de este año, pacientes oncológicos denunciaron públicamente la suspensión de radioterapias en el Hospital General de Zona No. 20 del IMSS en Puebla. Entre quienes aparecieron reclamando la continuidad de los tratamientos estaba Nadia Hernández. A su lado se encontraba Arturo Mendoza, presentado entonces como abogado del Colectivo Hermanos Serdán. Tras hacerse público el reclamo, los pacientes informaron que el servicio había sido restablecido.
Siete meses después, es Nadia quien denuncia al abogado que entonces la acompañaba.
La violencia también puede esconderse detrás de una imagen pública
El caso todavía debe investigarse y una denuncia no determina por sí misma la responsabilidad penal de una persona. Mendoza, por su parte, ha rechazado públicamente la versión de su expareja y sostiene que existen videos de seguridad que muestran una historia distinta sobre lo sucedido ese día.
Pero el señalamiento de Nadia permite mirar una cuestión que rebasa este caso: el prestigio construido alrededor de causas sociales no funciona como certificado sobre la manera en que una persona ejerce el poder en sus relaciones privadas.
Hablar de derechos, representar causas ciudadanas o denunciar abusos de autoridad tampoco elimina la posibilidad de reproducir relaciones desiguales puertas adentro. Y cuando quien es denunciado cuenta con reconocimiento profesional, contactos y una plataforma pública, esa diferencia de poder puede pesar también sobre la mujer que decide señalarlo.
Nadia dice temer precisamente eso. Según su testimonio, decidió denunciar pese al miedo por su integridad y la de su familia debido a la posición pública de Mendoza. También asegura que, después de la presunta agresión, fue expulsada del domicilio y no pudo recuperar varias de sus pertenencias.
La violencia económica que denuncia tampoco es un detalle menor dentro de su relato. La dependencia económica puede convertirse en una herramienta de control dentro de una pareja, particularmente cuando se cruza con otras condiciones de vulnerabilidad. En este caso, Nadia afirma que esa dinámica ocurrió mientras enfrentaba una enfermedad que requiere tratamiento médico.