- La FGR determina mantener bajo clasificación hasta 2031 el expediente sobre atentado contra Citlalli Hernández en mayo 2019, por considerar la investigación como de seguridad nacional
La Fiscalía General de la República (FGR) reservó nuevamente por cinco años adicionales la información relacionada con el atentado que sufrió la actual presidenta de la Comisión Nacional de Morena, Citlalli Hernández, el 29 de mayo de 2019.
De acuerdo con El Universal, la FGR justificó la medida al argumentar que el expediente continúa en investigación y su divulgación compromete la seguridad nacional.
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FGR reserva atentado contra Citlalli Hernández
En respuesta a una solicitud de información, la autoridad ministerial explicó que los documentos se encuentran inmersos en una carpeta de investigación en trámite ante un agente del Ministerio Público de la Federación.
Indicó que revelar los datos recabados puede alertar o poner sobre aviso a las personas involucradas, específicamente a quienes forman parte de la delincuencia organizada.
Tras el incidente en mayo de 2019, en junio de ese año, la FGR clasificó los reportes iniciales por cinco años.
Sin embargo, en agosto pasado, la institución de procuración de justicia blindó la documentación por otros cinco años, lo que significa que el caso se abrirá de forma pública hasta el año 2031.
Riesgo demostrable para las indagatorias
A través del oficio FGR/UETAG/004019/2026, la dependencia aseguró que entregar el expediente representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.
El documento señala que la difusión expondría las líneas de investigación donde el personal ministerial reúne las evidencias para esclarecer los hechos.
La autoridad judicial afirmó que otorgar el acceso a la carpeta dejaría expuesta la capacidad operativa para llevar a cabo las diligencias pertinentes y útiles.
El objetivo de estas labores consiste en demostrar la existencia del delito, así como sustentar la probable responsabilidad del inculpado ante el órgano jurisdiccional competente.
Sanciones penales y recuento del ataque
La FGR advirtió que los servidores públicos que quebranten la clasificación enfrentarán sanciones administrativas y penales.
La dependencia citó el artículo 225 del Código Penal Federal para catalogar como un delito contra la administración de justicia el acto de entregar información reservada o confidencial a quien carece de derecho a conocerla.
La investigación, que suma más de siete años en desarrollo, indaga el estallido de un artefacto explosivo de hechura casera con forma de libro.
El objeto detonó la noche del 29 de mayo de 2019 dentro de la oficina de la entonces senadora, ubicada en el tercer piso de la torre legislativa del Senado.
Luego de la explosión, la legisladora salió de inmediato hacia el servicio médico con leves quemaduras y la vestimenta cubierta de polvo blanco.
Un día después del suceso, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador describió el dispositivo como una bomba casera de poco impacto, solicitó a la población rechazar cualquier forma de violencia y reiteró que su movimiento actúa por la vía pacífica.
