- El nuevo código penal en Afganistán legaliza la violencia contra mujeres, las trata como propiedad de los hombres y criminaliza su libertad; mientras tanto, la comunidad internacional guarda silencio, normalizando su vulneración
Desde principios de 2026, Afganistán cuenta con un nuevo código penal aprobado en silencio: sin debate político, sin anuncios públicos y, lo más escandaloso, sin apenas reacciones internacionales. En 119 artículos, el régimen talibán no solo normaliza la violencia contra las mujeres, sino que la convierte en una herramienta legal de “disciplina social” y “prevención del pecado”. Léalo bien: disciplina social. Como si las mujeres fueran un problema que hay que controlar.
El dato que resume todo es brutal: un hombre puede romperle el brazo a su esposa y enfrentar apenas 15 días de cárcel. Pero si maltrata a un camello, o provoca peleas entre animales, la condena asciende a cinco meses. La integridad física de un animal vale legalmente más que la de una mujer afgana. No es hipérbole ni metáfora: es aritmética jurídica. Y si a alguien le parece bien que la crueldad contra los animales se penalice con dureza, a mí también. Lo que no puede ser es que ese mismo Estado considere que una mujer tenga menos protección legal que un animal.
El código utiliza, literalmente, las palabras “amo” y “esclavo” para referirse a las relaciones entre hombres y mujeres. No es una figura retórica. Es el lenguaje jurídico oficial de un Estado reconocido internacionalmente. Las madres, hijas y esposas pasan a ser propiedad. Y si una mujer visita la casa de su padre sin el permiso de su marido y no regresa cuando él lo exige, puede ser condenada a tres meses de prisión. Visitar a su propia familia puede costarle cárcel.
Pero quiero detenerme en algo que me parece igual de grave que la norma misma: el silencio. Este código fue aprobado mientras la comunidad internacional miraba hacia otro lado. Una funcionaria de alto nivel de la ONU visitó Kabul poco después y se reunió con las autoridades talibanas sin mencionar su existencia. La diplomacia del “diálogo constructivo” tiene un costo, y ese costo siempre lo pagan las mujeres más vulnerables.
Desde 2021, más de 130 edictos talibanes han borrado sistemáticamente la existencia pública de las mujeres afganas. El 80% están hoy excluidas del mundo laboral y de la educación. Y ahora todo eso tiene nombre de ley. El silencio de la comunidad internacional no es neutralidad: es complicidad activa.
Mientras debatimos estrategias diplomáticas, las mujeres afganas viven bajo un apartheid de género institucionalizado. Nombrar esto no es suficiente, pero callar es una elección que también tiene consecuencias. Y nosotras, desde aquí, elegimos no callar.