En un fallo histórico que busca romper años de opacidad institucional, el Poder Judicial de la Federación ha ordenado a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la entrega inmediata de la totalidad de los documentos faltantes relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió el juicio de amparo 1350/2023, promovido por los padres y madres de los estudiantes. La sentencia exige al Ejército Mexicano entregar específicamente 853 folios militares generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), con sede en Iguala, Guerrero.
Estos documentos fueron detectados originalmente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe. Aunque la SEDENA había negado su existencia o afirmado que la información estaba completa, el juzgado determinó que:
La información no puede clasificarse como confidencial y reservada, debido al interés superior de las familias y la sociedad por conocer la verdad en un caso de violaciones graves a los derechos humanos. La falta de continuidad en la numeración de los folios entregados previamente no prueba su inexistencia, sino que es un indicio de que la información está en poder de las autoridades militares y ha sido ocultada de forma arbitraria.
Detención de Mauro Antonio “N”, Secretario de Tránsito de Iguala
De manera paralela a la presión sobre el Ejército, el 3 de marzo de 2026, fuerzas federales (FGR, SEDENA y Marina) ejecutaron un operativo en Iguala, Guerrero, para capturar a Mauro Antonio “N”, quien se desempeñaba como director de Tránsito Municipal.
El funcionario es investigado por la Unidad Especializada en la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) por el delito de delincuencia organizada. Se le señala específicamente por haber utilizado un equipo telefónico perteneciente a uno de los 43 estudiantes desaparecidos el 27 de septiembre de 2014, un día después de los ataques.
La detención ocurrió durante la madrugada en el fraccionamiento Villas del Rey 2. Al momento de su captura, se le aseguraron armas cortas y largas, cartuchos, narcóticos y teléfonos celulares.
Un revés a la opacidad militar
Desde 2023, las familias de los normalistas, acompañadas por organizaciones como el Centro Prodh y Tlachinollan, denunciaron que el Ejército estaba incumpliendo el Decreto Presidencial de 2018, el cual obliga a todas las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
La resolución judicial subraya que en septiembre de 2023 ya se había ordenado al Ejército “abstenerse de destruir, depurar o esconder” cualquier dato relevante. Sin embargo, ante la “parálisis” de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), las familias recurrieron nuevamente a la justicia federal para forzar la apertura de los archivos de inteligencia.
Contexto y relevancia
A más de 11 años de los hechos, el contenido de estos folios es considerado vital para entender el “contexto criminal” en Iguala y el papel exacto que jugaron las fuerzas armadas antes, durante y después de la noche de Iguala.
El fallo reconoce explícitamente el derecho a la verdad de las víctimas, estableciendo que la entrega de estos reportes de inteligencia es un paso indispensable para dar con el paradero de los jóvenes y garantizar que no haya impunidad para los mandos militares que pudieron haber omitido o manipulado información de forma deliberada.