“La Ley de Glaciares no se toca”, repiten desde hace semanas asambleas socioambientales, comunidades cordilleranas y organizaciones jurídicas. La consigna puede sonar técnica, casi sectorial. No lo es. Lo que está en discusión no es una norma ambiental más: es quién decide sobre las reservas de agua dulce en un país que ya vive estrés hídrico y en un mundo que acaba de entrar —según Naciones Unidas— en “bancarrota hídrica”.
La Ley 26.639 fue sancionada en 2010 tras años de presión social. Estableció presupuestos mínimos de protección para glaciares y ambientes periglaciales, es decir, esas zonas que almacenan y regulan agua dulce que alimenta 39 cuencas hídricas en Argentina. En Mendoza, San Juan o el norte patagónico, sin esa agua no hay agricultura, no hay ciudades, no hay vida.
Los glaciares no son postales, son reservas estratégicas
La reforma impulsada por el Ejecutivo y aprobada en el Senado busca algo simple y profundo: bajar el umbral de protección. Permitir que las provincias decidan qué glaciares proteger y cuáles habilitar a actividades extractivas, incluida la minería. Traducido: fragmentar la protección nacional y abrir la puerta a que intereses locales —muchas veces alineados con grandes inversiones— redefinan qué es intocable y qué no.
En 2019 la Corte Suprema ya había ratificado la constitucionalidad de la ley original, rechazando el intento de la minera Barrick Gold de declararla inconstitucional. Hoy el escenario es otro: el gobierno nacional impulsa el cambio en nombre de la desregulación y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que promete estabilidad fiscal y menos controles a quienes vengan a explotar recursos. La pregunta no es si Argentina necesita inversiones, la pregunta es qué se está poniendo como garantía.
Según el Instituto de la Universidad de Naciones Unidas para el Agua, el planeta entró en una fase de “quiebra hídrica global”: estamos extrayendo agua como si fuera una cuenta bancaria infinita. “El saldo ya es negativo”, dijo uno de los autores del informe. En ese contexto, reducir la protección de reservas estratégicas no es una discusión ideológica: es una apuesta de alto riesgo.
Hay otro punto que incomoda más. El agua no es solo un recurso. Es poder. Donde el acceso se privatiza o se concentra, la dependencia crece. Lo vimos en conflictos internacionales. Lo vemos en barrios argentinos sin acceso regular a agua potable. El control del agua moldea economías, territorios y relaciones sociales.
Por eso Marta Maffei, una de las impulsoras originales de la ley, lo dice sin rodeos: “Los glaciares son las reservas de agua del mundo”. No habla en abstracto. En Argentina esas reservas sostienen economías regionales completas. Sostienen siete millones de personas que viven a lo largo de la cordillera.
En paralelo, investigaciones académicas identificaron al menos 53 emprendimientos mineros en zonas que ya estaban protegidas por la ley vigente. La reforma, advierten juristas y organizaciones ambientales, no solo flexibiliza criterios: también podría blanquear irregularidades pasadas.
El debate entonces deja de ser técnico. Se vuelve político ¿Quién fija los límites cuando se trata de bienes comunes? ¿El Congreso nacional bajo estándares mínimos ambientales o cada provincia presionada por la promesa de dólares frescos?
En la Argentina de Milei, donde el discurso oficial celebra la libertad económica como principio rector, la Ley de Glaciares aparece como un obstáculo regulatorio. Pero el agua no funciona bajo la lógica del mercado.
Cuando falta, no se reemplaza con eficiencia. La discusión que viene en Diputados no es solo sobre hielo. Es sobre el contrato social en tiempos de crisis climática. Es sobre si el corto plazo fiscal puede redefinir las reglas de supervivencia colectiva. En un país atravesado por inflación crónica y urgencias económicas reales, la tentación de relativizar el debate ambiental es fuerte. Pero el agua no entiende de ciclos políticos, los glaciares no negocian con decretos.