El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesiona este jueves 26 de febrero fuera de la Ciudad de México, en un hecho histórico para el Poder Judicial. La jornada se realiza con seis ministras y ministros presentes, en una sesión que rompió con la práctica de deliberar exclusivamente desde su sede en la capital del país.
El evento cuenta con traducción al tzeltal, lengua hablada en el municipio de Tenejapa, así como la interpretación en Lengua de Señas Mexicana para la transmisión, ampliando el acceso público a la discusión del máximo tribunal y reforzando el carácter incluyente de esta sesión realizada en territorio.
Participan de manera presencial Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Sara Irene Herrerías Guerra, Lenia Batres Guadarrama, Arístides Rodrigo Guerrero García y Hugo Aguilar Ortiz. A distancia, como lo permite el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguen la sesión Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo. Quien no se encuentra presente ni conectada de manera remota es la ministra María Estela Ríos González.
Mientras la sesión se desarrolla, el pleno analiza diversos asuntos del orden del día, entre ellos un Amparo en Revisión promovido por autoridades tradicionales tsotsiles de la comunidad La Candelaria, quienes buscan su reconocimiento como sujetos de derecho público y el pleno deberá determinar si existe una omisión legislativa del Congreso del Estado de Chiapas para garantizar derechos de libre determinación y autogobierno indígena.
También se discuten un caso relacionado con la protección del patrimonio cultural del estado de Hidalgo y otro amparo sobre el derecho a la identidad de personas indígenas rarámuri de Tehuerichi, en una jornada que ya se perfila como inédita para la historia del tribunal.
Una sesión de cara a las comunidades
La sesión extraordinaria, de carácter público e itinerante, tiene como objetivo central romper con la percepción de una justicia centralizada y lejana. Ante cientos de integrantes de comunidades indígenas, los ministros pretenden discutir asuntos de alta relevancia para la autonomía de los pueblos originarios.
El caso emblemático de la jornada es el amparo en revisión 344/2025, promovido por la comunidad tsotsil de La Candelaria, San Cristóbal de Las Casas. El proyecto, a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, planteó un precedente crucial: la omisión legislativa del Congreso de Chiapas al no crear un marco legal que reconozca a los gobiernos comunitarios como sujetos de derecho público.
De aprobarse, esto permitiría a las comunidades indígenas ejercer su libre determinación y administrar recursos directos, funcionando prácticamente como un “cuarto orden de gobierno”.
Chiapas: un contexto de contrastes
La decisión de sesionar en Chiapas no fue fortuita. La Corte reconoció que el estado no solo posee la tercera población indígena más grande del país -con 12 de los 68 pueblos originarios reconocidos-, sino que también enfrenta las brechas de desigualdad más profundas de México.
De acuerdo con los datos más recientes de INEGI y CONEVAL(2024-2025):
- Pobreza Extrema: Chiapas continúa siendo el estado con mayor índice de pobreza en el país. Aproximadamente el 66% de su población vive en pobreza multidimensional, y el 27.1% se encuentra en pobreza extrema.
- Rezago Social: El municipio de Tenejapa, sede de la sesión, tiene a más del 90% de su población en condiciones de vulnerabilidad, con acceso limitado a servicios de salud, educación y conectividad.
- Inseguridad y Desplazamiento: El contexto se vuelve aún más complejo por la situación de seguridad. En los últimos dos años (2024-2025), la entidad ha registrado un aumento en conflictos territoriales y presencia de grupos armados, lo que ha derivado en desplazamientos forzados en zonas como Chenalhó y la región fronteriza.
La presencia de la SCJN en Chiapas ocurre en un momento crítico para el estado. Mientras la Corte busca validar jurídicamente el autogobierno indígena, la población chiapaneca sigue lidiando con una realidad marcada por la marginación económica y la creciente violencia.
Esta sesión itinerante queda como un hito: el día en que la máxima autoridad judicial del país salió de la oficina para escuchar el territorio que gobierna.