Tras casi dos décadas de impunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones perpetradas contra doña Ernestina y su familia.
El contexto
Ernestina Ascencio Rosario, mujer nahua de 73 años y habitante de la comunidad de Tetlatzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz fue agredida sexualmente por soldados del Ejército Mexicano en febrero de 2007.
El 2007 y la guerra contra el narco
A Ernestina la mataron en la época de la guerra contra el narco (2006-2012). En ese tiempo los militares vigilaban varias zonas indígenas; a menudo eran acusados de cometer abusos contra niñas y mujeres y Ernestina no fue la excepción.
Debido a que la señora Ascencio no llegaba a casa su hija salió a buscarla. La encontró a 300 metros del campamento 63 del Batallón de Infantería del Ejército ubicado cerca de su población.
La deuda del Estado con Ernestina
Tras ser localizada por su hija en estado crítico, Ernestina tardó más de 10 horas en ser atendida por el personal del Hospital Regional de Río Blanco, el cual no contaba con traductores que asistieran a la señora Ascencio.
El caso trascendió a nivel nacional. El 13 de marzo de 2007 el ex presidente Felipe Calderón, de manera irresponsable comentó que Ascencio falleció supuestamente por una “gastritis crónica”. La indignación no sólo vino de la mentira pública que declaró el ex presidente, sino de las instituciones cómplices (la CNDH y la PGJV) que intervinieron en la carpeta de investigación para cubrir la atrocidad que el ejército mexicano venía haciendo con las niñas y mujeres.
Rompe el pacto
Romper el pacto no solo implicó señalar a los agresores directos, sino desmantelar la estructura patriarcal que permitió a un presidente y a sus instituciones fabricar una “verdad” médica para encubrir un violación de derechos humanos por parte del Estado.
El caso de la señora Ascencio tardó 14 años para mirarlo con perspectiva de género. La falta de inclusión y la opresión de la familia de Ernestina son heridas abiertas, el sistema de justicia en México sigue teniendo una deuda histórica con los pueblos originarios, disidencias, mujeres y niñas quienes históricamente han sido convertidos en “cuerpos sacrificables” bajo el régimen de un Estado patriarcal y militarizado.
La actualidad
Tras casi dos décadas de impunidad, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones perpetradas contra doña Ernestina y su familia.
La FGR ha declarado reabrir la carpeta para añadir la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) y así poder declarar las acciones concretas para la reparación de daños.
