El alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza, deja sin estancias infantiles a 160 niñas y niños.
El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, —señalado integrante del ‘Cártel Inmobiliario’ del panista Jorge Romero— dejó a 160 familias sin acceso a estancias infantiles y becas de cuidado. En una maniobra calificada como arbitraria, la alcaldía golpeó la economía familiar al recortar, sin previo aviso, el sustento para las infancias de la demarcación.
La indignación vecinal no se hizo esperar ante el ofensivo contraste de prioridades en la gestión panista. La administración de Mendoza enfrenta críticas por eliminar el presupuesto para estancias infantiles, mientras que, por otro lado, se ha reportado un gasto significativo de recursos orientado a la remodelación de las oficinas administrativas de la alcaldía.
La denuncia, encabezada por padres de familia y la concejala Sofía Vélez, expusieron una violación a la palabra empeñada por la autoridad. Las reglas de operación eran claras: el programa debía garantizar 12 pagos para cubrir todo el ciclo anual y permitir que madres y padres trabajaran sin preocupación por sus hijas e hijos. Sin embargo, la realidad fue otra. La administración de Mendoza incumplió su compromiso y solo cubrió cinco pagos, dejando “colgados” a los beneficiarios con más de la mitad del apoyo prometido.
“De manera abrupta quitaron la beca… De por sí en Benito Juárez son pocos los beneficios que nos otorgan”
Lamentaron los padres durante la protesta, confesando el miedo de no tener “los medios para pagar una escuela digna” ante este atropello financiero. Este desfalco social no solo golpea a los hogares; también asfixia a las propias estancias infantiles, que dependen de esos recursos para pagar sueldos y mantener condiciones seguras y dignas para la alimentación y cuidado de las infancias.
Ante la cerrazón del gobierno de Mendoza, las exigencias son contundentes:
1. Respeto irrestricto al derecho de los niños a la educación.
2. La restitución inmediata del dinero faltante.
3. Que el alcalde dé la cara y explique por escrito el motivo de este recorte presupuestario.
De no recibir una solución rápida, los padres y la concejala advierten que intensificarán las acciones legales y públicas para defender los derechos de sus hijos frente a una alcaldía que parece haber olvidado a quién debe servir.