- Carolina Ramírez señala que las sobrevivientes de tentativa de feminicidio enfrentan largos procesos judiciales y obstáculos burocráticos que constituyen “tortura institucional”; la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio impulsa la Ley Oropéndola para visibilizar a las víctimas y garantizar justicia efectiva
“Yo sobreviví en el 2014 y era la número ocho”, es la frase con la que Carolina Ramírez Suárez, feminista, defensora de derechos humanos y quien ha dedicado su labor a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, resume el punto de partida de su historia. En ese año sobrevivió a una tentativa de feminicidio, una experiencia que cambió su vida y evidenció que ninguna mujer, sin importar su cargo o conocimientos, está blindada.
“No importa si seas chica, grande, morena, güera. Por ser mujeres nos puede pasar y todas somos sujetas de un posible ataque feminicida o un feminicidio. En este caso, yo sobreviví”, señala Ramírez Suárez, quien reside en Xalapa, Veracruz, en entrevista con La Audiencia.
Su testimonio es la piedra angular de la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio, una red que tiene como objetivo visibilizar a quienes han sido omitidas de las estadísticas oficiales.
“El punto inicial fue cómo acompañarnos entre nosotras, cómo acuerparnos y cómo comprender y también poder apoyarnos, ese apoyo mutuo tan necesario”.
En México, hasta enero de 2026, se registraron 54 feminicidios, con Sinaloa y la Ciudad de México encabezando la lista del “Informe de violencia contra las mujeres” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); sin embargo, esta cifra representa solo la punta del iceberg, porque las tentativas de feminicidio, que podrían duplicar o incluso triplicar este número, no se incluyen en los informes oficiales.
Carolina señala que este vacío documental refleja un problema estructural, ya que por cada feminicidio consumado existen muchas más sobrevivientes cuyas historias permanecen invisibles y no figuran en ninguna “numeralia” oficial.
“Lo que no se nombra no existe. La primera tarea de nosotras era que nos nombren, que seamos, que existamos”, explica.
El reto de la clasificación y la “tortura institucional”
Para la colectiva, uno de los mayores desafíos es la brecha entre la ley escrita y su aplicación real, ya que según el SESNSP en enero de 2026 se registraron 5,885 mujeres víctimas de lesiones dolosas y 18,812 delitos de violencia familiar. Ramírez Suárez explica que, con frecuencia, las tentativas de feminicidio terminan reclasificadas bajo estos delitos menores, lo que diluye la gravedad de la intención letal del agresor.
Esta reclasificación técnica da lugar a lo que ella denomina “tortura institucional”, un conjunto de obstáculos burocráticos que desgastan a la denunciante. Carolina describe procesos en los que las audiencias se difieren durante años o se repiten por errores técnicos mínimos.
“Todo ese esfuerzo a la basura y, de repente, a empezar de nuevo. Eso es tortura”, afirma, señalando que el sistema puede apostar al cansancio de las víctimas, quienes a menudo deben elegir entre continuar con el juicio o trabajar para mantener a sus hijos. Investigaciones citadas por el colectivo muestran que apenas el 0.04% de las denuncias llega a una sentencia, sin que la cifra distinga entre condenatorias o no.
Reconstruir con Ley Oropéndola
Frente a este panorama, el colectivo impulsa la Ley Oropéndola, una iniciativa que busca fortalecer el marco legal federal para proteger a las sobrevivientes de violencia de género y tentativa de feminicidio.
El nombre, inspirado en un pájaro verde dorado común en Xalapa, evoca el color del oro utilizado en el Kintsugi, el arte japonés de reparar cerámica rota para darle un nuevo valor.
“Nos rompen física, emocional, espiritual y económicamente. El Kintsugi es la posibilidad de reconstruirnos, no para ser las de antes, sino para repararnos con ese oro donde la pieza adquiere otro valor”, explica Carolina.
La propuesta legislativa, aprobada por la Cámara de Diputados en 2022 y actualmente pendiente en el Senado, busca que el testimonio de la víctima tenga peso probatorio real; que se garantice prisión preventiva oficiosa; que la reparación del daño sea integral y con garantías de no repetición; y que se aplique la debida diligencia para evitar dilaciones en los procesos.
Sanación a través del artivismo
La colectiva ha transformado el arte en una herramienta de sanación y resistencia, y actualmente prepara un libro que reúne testimonios, cuentos y pinturas de 23 sobrevivientes, mostrando cómo la creatividad se convierte en voz y memoria frente a la violencia machista.
También cuentan con herramientas como “Las Calcetinas”, una serie de diez videos que utiliza el humor para sensibilizar sobre la revictimización en las audiencias judiciales, y promueven el documental “Las sobrevivientes olvidadas por la justicia”, de la periodista Gloria Piña, ganador del primer lugar del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2022, que ha ayudado a muchas mujeres a romper el estigma y reconocerse como sobrevivientes.
Pese a los retos, Carolina destaca avances como la creación de la primera unidad de atención a sobrevivientes de tentativa de feminicidio en apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Sin embargo, insiste en una exigencia clara, que el sistema de justicia se humanice.
“Queremos que el poder judicial deje de vernos como números, porque no somos números, somos personas, somos humanas, somos mujeres y merecedoras de todos los derechos”, subraya.
Foto: Cortesía
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