La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026 dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), tras acreditar graves omisiones y negligencias en la investigación de hallazgos en el inmueble conocido como “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco.
De acuerdo con el organismo, la actuación de las autoridades locales derivó en violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica y, fundamentalmente, al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares.
Un historial de negligencia
El caso se remonta al 18 de septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional detuvo a 10 personas y aseguró el inmueble, solicitando a la Fiscalía local el resguardo de la escena y el procesamiento de evidencias que incluían vehículos, armas y elementos óseos. Sin embargo, la investigación de la CNDH reveló una cadena de errores críticos:
1. Evidencia sin registrar: Durante búsquedas posteriores en octubre de 2024, se localizaron restos óseos y diversos objetos que no fueron asegurados, inventariados ni registrados en los dictámenes periciales originales.
2. Ropa ignorada: Familiares de personas desaparecidas señalaron que diversas prendas encontradas en el sitio, que podrían servir para la identificación de sus seres queridos, fueron ignoradas por las autoridades, omitiendo la creación de registros de cadena de custodia.
3. Pérdida de vehículos: De siete vehículos automotores relacionados con los hechos, tres fueron sustraídos ilegalmente el 25 de noviembre de 2024, debido a que la Fiscalía de Jalisco no cumplió con su obligación de asegurar debidamente el inmueble.4. Retrasos en pruebas de ADN: Aunque se recabaron muestras biológicas en septiembre de 2024, el dictamen genético y su confronta con el banco de datos de familiares de desaparecidos se realizó hasta marzo de 2025, un retraso que la CNDH calificó como “injustificado”.
Alteración de la escena del crimen
Uno de los puntos más alarmantes señalados en el comunicado DGDDH/029/2026 es la pérdida de control del área. El 20 de marzo de 2025, se permitió el ingreso de personas ajenas al inmueble mientras este aún se encontraba bajo intervención pericial. Esta irrupción provocó la alteración del lugar y de indicios que potencialmente podrían haber sido determinantes para el esclarecimiento de los hechos.
Fotos: CNDH vía X
Exigencias de la CNDH
La CNDH concluyó que el personal de la FEJ y del IJCF falló en el procesamiento técnico integral (identificación, embalaje, sellado y traslado) de los indicios. Ante esto, la Recomendación 11/2026 exige que se realicen las investigaciones administrativas y penales correspondientes contra los servidores públicos responsables.
Este caso vuelve a poner bajo el reflector en Jalisco y la persistente lucha de los colectivos de familiares, quienes han tenido que presionar constantemente para que sean escuchadas por una autoridad que, en este caso, optó por la omisión.