Mientras Eduardo Rivera Pérez se pasea por los cafés del centro histórico tuiteando contra la inseguridad y exigiendo “gobernanza” a Alejandro Armenta, su expediente en la Auditoría Superior del Estado (ASE) grita lo que él calla: el panista dejó la alcaldía de Puebla con un boquete financiero de 261 millones 290 mil pesos en su Cuenta Pública 2023. No es un error administrativo, es un saqueo institucional.
Documentos técnicos de la fiscalización a los que la redacción de La Audiencia tuvo acceso, revelan el modus operandi del líder del Yunque: pagar aire. El grueso de las observaciones corresponde a la contratación de servicios de los que no existe evidencia. Ni una fotografía, ni una lista de asistencia, ni una bitácora real que justifique millones de pesos supuestamente gastados en “eventos culturales” y “ayudas sociales”. Rivera Pérez firmó cheques millonarios a empresas fachada para servicios fantasmas justo en el año previo a su campaña a la gubernatura. La matemática es simple y perversa: el dinero de los baches y la seguridad de los poblanos terminó, presuntamente, en espectaculares, movilización electoral y la estructura de un candidato que perdió por goleada.
La hipocresía es el sello de la casa. El mismo personaje que hoy se rasga las vestiduras por la violencia en carreteras, dejó a la capital poblana saqueada. Bajo el rubro de “Servicios Generales”, la administración riverista desapareció montos obscenos sin poder entregar un solo entregable válido a la auditoría. No compraron patrullas, compraron facturas.
Eduardo Rivera no es una víctima política, es un deudor fiscal con delirios de grandeza. Mientras exige cuentas al gobierno estatal actual, él no ha podido explicar dónde quedaron los impuestos de los poblanos de todo el 2023. Antes de abrir la boca para criticar la estrategia de Armenta, Rivera debería buscar un buen equipo de abogados penalistas, porque lo que la ASE tiene en sus manos no se arregla con un video en TikTok; se llama daño patrimonial y tiene consecuencias penales. Puebla no olvida: la “honestidad” panista costó 261 millones y no sirvió para nada.