El 14 de febrero, trabajadores de la Cineteca Nacional denunciaron condiciones de precarización laboral bajo la consigna “La cultura no se precariza” y señalaron que, desde enero, al menos 240 personas trabajan bajo el régimen de honorarios, sin contrato de base, seguridad social ni prestaciones laborales.
Los manifestantes denunciaron que el personal —desde taquilleros y dulceros hasta restauradores de la memoria fílmica— percibe sueldos que no alcanzan el mínimo legal, enfrentando además contratos temporales que vencen en marzo sin garantía de estabilidad.
La crisis se agravó con la duplicidad de funciones, ya que, por el mismo sueldo, la carga de trabajo ha sido elevada para atender las tres sedes de la Cineteca, una carga laboral que califican de “inadmisible”. “No podemos imaginar a un arquitecto realizando tres proyectos y cobrando solo uno”, sentenciaron los trabajadores.
A pesar de las denuncias, la respuesta de la directiva y de la Secretaría de Cultura ha sido la minimización. Mientras la directora Marina Stavenhagen se limita a prometer “revisiones” bajo el argumento de la falta de presupuesto —el cual sufrió un recorte de 16 millones de pesos para este 2026—, los trabajadores señalan que la precarización es estructural.
Incluso ante la reciente promoción de una nueva Ley Federal de Cine, los empleados cuestionan la contradicción gubernamental: se busca fortalecer la industria frente a las plataformas digitales, pero se deja en la indefensión a quienes operan, proyectan y preservan el acervo nacional.
Empleados de la Cineteca Nacional advierten paro por condiciones laborales
Los trabajadores exigen:
Basificación inmediata: Transparencia en el otorgamiento de plazas y descongelamiento de puestos.
Salarios dignos: Nivelación salarial por encima del mínimo y pago justo por el trabajo en múltiples sedes.
Derechos plenos: Acceso a seguridad social, vacaciones e incapacidades médicas, derechos hoy inexistentes para el personal contratado por honorarios.
Al contratar por honorarios para puestos fijos, el Estado está simulando una relación civil para ahorrarse el costo de los derechos laborales. Los trabajadores advirtieron que, de no recibir una respuesta por parte de la secretaria Claudia Curiel de Icaza y la dirección del fideicomiso, el movimiento escalará de un paro simbólico a una parálisis total de actividades.